El caso hace parte de la nulidad de la UNGRD a siete giros por cerca de $600.000 millones ordenados en la anterior administración.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) obtuvo un fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que confirmó irregularidades en la expedición de la Resolución 117 de 2024 y evitó el giro de más de $7.100 millones al municipio de Uribia.
La decisión judicial se produjo tras una demanda interpuesta por la propia entidad, luego de que se ordenara una transferencia de recursos a través de un Fondo de Inversión Colectiva.
La decisión judicial
El Tribunal concluyó que, aunque existía una situación de emergencia, la medida adoptada no contaba con el soporte técnico, financiero y operativo suficiente que justificara la cuantía y destinación específica de los
recursos.
En su análisis, el alto tribunal determinó que el acto administrativo presentaba falla en su motivación y fue expedido de manera irregular.
El concepto lo argumenta al señalar que no se explicó de forma clara y suficiente las razones que sustentaban una transferencia por más de $7.100 millones destinada a la operación de carrotanques.
“Desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas
a los procedimientos”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Estos recursos no se ejecutaron gracias a una instrucción oportuna de la actual dirección de la entidad, que ordenó detener su desembolso.
Protección de los recursos
Los giros objeto de este proceso hacen parte de un conjunto de operaciones ordenadas en 2024 durante los últimos días de la administración de Olmedo López, exdirector de la entidad.
Es de recordar que López actualmente se encuentra privado de la libertad y enfrenta un proceso judicial en su contra, tras haber reconocido su participación en un esquema de corrupción.
El fallo también precisa que, si bien la normativa permite este tipo de transferencias en el marco de la atención de emergencias, su validez depende de que estén debidamente justificadas, lo cual no ocurrió en este caso.
Durante el proceso, el Tribunal decretó una medida cautelar que suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo, impidiendo el giro de los recursos mientras se resolvía de fondo la controversia.
Este caso hace parte de siete operaciones similares.
En tres de ellas (Corpourabá, Corantioquia y Bolívar) se logró la revocatoria directa, mientras que, en los demás casos, incluida Uribia, la UNGRD tuvo que acudir a la vía judicial.
