Colombia da un paso firme hacia la justicia con igualdad
En un momento crucial para el fortalecimiento de la equidad en Colombia.
el Ministerio de Justicia y del Derecho ha expedido la Resolución 0679 del 29 de abril de 2025, un instrumento normativo que marca un antes y un después en la forma como las instituciones del sector justicia abordan el enfoque de género. Esta nueva directriz busca no solo visibilizar las desigualdades históricas que afectan a mujeres y personas LGTBIQ+, sino también transformar de raíz la manera en que se planifica, se presupuesta y se ejecuta la política pública en materia judicial.
“Esta no es solo una apuesta; es una realidad que empieza a tomar forma. Queremos que todas nuestras instituciones actúen desde una mirada con enfoque de género en cada una de sus acciones”, declaró la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, durante el acto protocolario en el que se oficializó la resolución.
A la ceremonia asistieron figuras clave del sistema judicial y penitenciario del país, así como representantes de organismos internacionales. Entre ellos estuvieron Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Colombia; el teniente coronel Daniel Gutiérrez Rojas, director del INPEC; César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Roosvelt Rodríguez Rengifo, superintendente de Notariado y Registro; y Fidel Ignacio Espitia, director encargado de la USPEC. La resolución establece lineamientos obligatorios para todas las entidades del sector administrativo de justicia, incluyendo el INPEC, la ANDJE, la USPEC y la Superintendencia de Notariado y Registro. El objetivo es claro: garantizar que la equidad de género deje de ser un discurso y se convierta en una práctica institucional efectiva.
El documento se estructura en tres ejes estratégicos. El primero, el fortalecimiento de capacidades institucionales, busca formar al personal, actualizar sistemas de información y promover una comunicación con enfoque de género. El segundo, la participación y rendición de cuentas, apunta a incluir activamente a mujeres y personas LGTBIQ+ en la toma de decisiones del sector. El tercero, la incorporación del enfoque de género en la planificación y el presupuesto, pretende asegurar que los recursos públicos se distribuyan con criterios de justicia e igualdad.
Como parte de esta transformación, se crea además la Mesa Funcional para la Transversalización del Enfoque de Género, un espacio interinstitucional que tendrá la tarea de liderar, articular y vigilar la implementación efectiva de esta política.
El Ministerio reconoce que uno de los mayores obstáculos ha sido la falta de presupuesto destinado a cerrar brechas de género. En ese sentido, el nuevo trazador presupuestal de género se convierte en una herramienta crucial para cambiar esta realidad, al permitir monitorear cómo se invierten los recursos públicos y garantizar que respondan a las necesidades reales de las mujeres y de las poblaciones históricamente excluidas.
Esta iniciativa se alinea con compromisos internacionales como la Convención CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Brasilia y la Estrategia de Montevideo, los cuales obligan a los Estados a adoptar presupuestos con enfoque de género como base de una verdadera justicia social.
Con esta resolución, Colombia no solo cumple con su marco normativo internacional, sino que da un paso contundente hacia un modelo de justicia que reconoce y protege la dignidad de todas las personas, sin distinción. En un país donde las estadísticas muestran profundas brechas en el acceso y la calidad de los servicios judiciales, esta medida no es solo necesaria, sino urgente. La justicia con enfoque de género ya no es una promesa: empieza a convertirse en política de Estado.
