La articulación entre entidades de gobierno, clave para construir una nueva regulación que beneficie a los usuarios.
Con el objetivo de mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado, a través de nuevas medidas regulatorias, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico UAE- CRA, presentó los resultados de un estudio sobre los costos administrativos y operativos que inciden en las tarifas que se les cobran a los usuarios.
El análisis arrojó que, en cuanto a los costos administrativos, se identifican al menos 21 componentes que inciden en la prestación de estos servicios, que van desde la capacitación del personal de las empresas prestadoras, gastos de facturación y recaudo, seguridad industrial, hasta la adquisición de licencias para software, entre otros.
Además, se examinaron otros 25 tipos de costos operativos relacionados con la infraestructura informática, el uso de combustibles para el proceso de tratamiento y disposición de aguas, hasta gastos en publicidad y propaganda.
El estudio sobre señales regulatorias que promuevan la implementación de la innovación tecnológica del servicio público de acueducto y alcantarillado de grandes prestadores, busca identificar los aspectos que permitan elevar la eficiencia por parte de los prestadores, en beneficio de los usuarios.
Durante los talleres que lidera la CRA para construir los nuevos marcos tarifarios que regirán en los próximos años, se hizo énfasis en la importancia de adoptar innovaciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia de los prestadores en los procesos.
La Directora Ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón, manifestó que “el reto del Gobierno es lograr una articulación entre las entidades que tienen injerencia en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para construir normas eficaces en beneficio de los usuarios y de la sostenibilidad de los prestadores”.
Este aspecto será clave para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y de eficiencia, orientados a la mejora en la prestación de los servicios que, en todo caso, tendrán como centro de su acción regulatoria a los usuarios.
La Comisión, en la que concurren delegados de los ministerios de Vivienda, Ambiente, Salud, del Departamento Nacional de Planeación y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, adelanta un ejercicio de construcción colectiva de una nueva regulación que permita sortear los desafíos de la variabilidad climática y garantizar la continuidad de estos servicios con estándares de calidad.
