El Gobierno Nacional invierte en la obra más de 250 mil millones de pesos.
Por Kelia Palacio López
Desde el segundo semestre del año de 2023 se dinamizó de manera exponencial la construcción de la cárcel judicial de Riohacha, un penal con capacidad para más de mil reclusos, ubicado en las goteras de la ciudad y cuyas obras se iniciaron en 2018.
La obra, desde su inicio, enfrentó una serie de tropiezos, principalmente marcados por falencias en los procesos de consulta previa con comunidades indígenas aledañas a la construcción del penal.
El subdirector del seguimiento a infraestructura de la Unidad Especial de Servicios Carcelarios, USPEC, Juan José Casas Franco, le dijo a la emisora Guajira Estéreo, que desde hace menos de un año y hasta la fecha, la obra ha avanzado en más de un 44.4% , lo que permitirá que a mediados de 2025 la cárcel esté en funcionamiento.
Casas Franco señaló que a pesar de los atrasos por la pandemia por COVID 19 y el impacto de la guerra en Ucrania que incidió en la construcción en Colombia, se avanzó en procesos de diálogos con comunidades indígenas como La Ceibita- Macedonia y Walinai, entre otras, cercanas al proyecto, con las que se alcanzaron algunos procesos de concertación, compensación e inversión social, que han logrado el trabajo continuo de más de 350 personas que participan en esta obra.
Es de recordar que en 2016 el Gobierno Departamental entregó los predios ubicados en la zona colindante entre la vía al aeropuerto y la salida a la ciudad de Santa Marta; el Gobierno Nacional aportó los recursos por más de 251 mil millones de pesos y el Gobierno Distrital, desde 2018, cuando se inició la construcción, ha sido garante de los procesos legales y el relacionamiento social con las comunidades cercanas a la zona.
“Esperamos que con esos recursos sea suficiente y en menos de un año podamos contar con el establecimiento de reclusión”, señaló el subdirector de la USPEC, al recalcar que no ha existido mayores sobrecostos y los impactos externos a las obras han derivado en la prolongación de la obra, que estará lista, pasado el primer semestre de 2025.
Residentes de sectores aledaños han reclamado una serie de trabajos compensatorios que les permitan movilizarse por la zona, contar con servicios de energía, acueducto y alcantarillado, tal como los tendrá el nuevo penal.
En varias oportunidades, las comunidades han bloqueado los trabajos de infraestructura, generando algunos atrasos, que, han conducido a los fructíferos avances en relacionamiento que permiten que la cárcel se siga construyendo.
