Una propuesta de la sociedad civil, surge como alternativa para dirimir en los conflictos territoriales entre particulares, el Estado y las comunidades étnicas de Riohacha y otros municipios. Escuche la entrevista con Miguel Ángel López Hernández, defensor de Derechos Humanos.
En el Comando de Policía de Riohacha, cumplió una sanción de arresto por desacato, el alcalde distrital de Riohacha, Genaro Redondo Choles.
El mandatario local asumió la decisión de un juzgado local, ante la falta de herramientas para garantizar, durante un desalojo, los derechos de la infancia, el adulto mayor y la población vulnerable, señalada de ocupación de hecho de unas hectáreas del predio conocido como Sumain Wayuu, en la vía que conecta a la capital con el departamento del Magdalena.
Ese es uno de varios casos, en los que se enfrentan comunidades indígenas, el Estado y particulares, por titularidad o posesión de terrenos periféricos de la ciudad.
En el caso puntual de Sumain Wayuu, el secretario de Gobierno Distrital, Wilson Rojas Vanegas, señaló que se trató de un proceso que no tuvo defensa jurídica ni atención administrativa desde 2019, cuando nueve familias invadieron el terreno.
A principios de este mes, más de 450 familias debían ser desalojadas, con una serie de aspectos sin resolver, que contempla la ley.
El defensor de derechos humanos, Miguel Ángel López Hernández, quien ha participado en procesos de acompañamiento a las comunidades indígenas conceptúa que debe instalarse una mesa de diálogo interjurisdiccional que vincule a la justicia ordinaria y el sistema normativo wayuu, convocada por la Alcaldía Distrital de Riohacha.
Escuche la propuesta en la entrevista a Miguel Ángel López Hernández
