La violencia perpetrada por grupos armados no estatales y organizaciones criminales en Colombia continúa arruinando la vida de las personas y desgarrando el tejido social en comunidades de todo el país, según un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El informe, que abarca el año 2024, detalla cómo los grupos armados utilizan la violencia para ejercer control sobre la población, promoviendo sus propios intereses económicos y socavando la gobernabilidad. Esta situación afecta desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos.
“La escalada de los combates en la región del Catatumbo desde mediados de enero, donde más de 52 personas fueron asesinadas y decenas de miles se vieron obligadas a desplazarse, pone de relieve el sufrimiento continuo de los civiles atrapados en medio de la violencia y el conflicto armado”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“La protección de la población debe ser un elemento central en las negociaciones del Gobierno con los actores armados no estatales. Garantizar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano y el acceso irrestricto a las zonas donde operan estos grupos es esencial para garantizar los derechos de todas las personas. Esto incluye impedir el reclutamiento de niños menores de 18 años y asegurar la liberación inmediata de aquellos que ya están bajo el control de grupos armados”, afirmó.
Según el informe, 216 niños han sido reclutados por grupos armados no estatales en 2024, muchos de ellos pertenecientes a Pueblos Indígenas.
“Insto a las autoridades a que tomen medidas inmediatas para proteger a los Pueblos Indígenas, en particular a aquellos en riesgo extremo debido a los conflictos armados internos en curso”, añadió Türk.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó que 252 personas han sido asesinadas en 72 masacres el año pasado. Asimismo, durante este mismo periodo, 89 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas.
“Celebro la reanudación del diálogo entre el Estado y la sociedad civil sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, es necesario hacer más para garantizar su seguridad, incluida la de las personas defensoras del medio ambiente que se enfrentan a riesgos importantes”, afirmó el Alto Comisionado.
“También es necesario hacer más para proteger el propio medio ambiente. La pronta aplicación del Acuerdo de Escazú es un paso crucial”, añadió el Alto Comisionado Türk, en referencia al tratado regional sobre medio ambiente y derechos humanos ratificado por Colombia el año pasado.
Para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, el informe insta a las autoridades a priorizar la protección de los civiles como parte de sus esfuerzos. También destaca la necesidad de fortalecer la gobernabilidad en varias regiones del país y asegurar la implementación y coordinación de las políticas gubernamentales de seguridad, paz total y desmantelamiento.
El informe también reconoce los avances en varias áreas, incluida la reforma rural integral, y la labor del tribunal de justicia transicional establecido por el Acuerdo de Paz, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para garantizar los derechos de las víctimas.
“Las recientes decisiones de la JEP que imputaron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a excomandantes de la guerrilla de las FARC-EP y a exmilitares de alto rango son pasos fundamentales en la lucha contra la impunidad en Colombia y para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”, afirmó Türk.
El informe acoge con satisfacción las reformas en curso del sector de la seguridad, incluida la policía y los servicios de inteligencia, para fortalecer el respeto de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la voluntad de estas instituciones de seguir cooperando en este esfuerzo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos el 3 de marzo de 2025.
Para leer el texto completo del informe, haga clic aquí: https://undocs.org/es/A/HRC/58/24
