La Contraloría General de la República instó una vez más al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país, asunto que preocupa a la Entidad tal como lo manifestó en su estudio sectorial sobre Seguridad Energética y en la advertencia que emitió el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al Ministerio de Minas y Energía a mediados de noviembre de 2024.
La Contraloría General hace un llamado al gobierno nacional para que trabaje articuladamente y se evite un posible daño al patrimonio del Estado con ocasión del retraso en el giro del pago de subsidios a las empresas de energía eléctrica y gas.
También preocupa al ente de control fiscal, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en lo que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no han pagado por el servicio prestado. Esto, a juicio de la Contraloría, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que además afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal.
También advierte la Contraloría sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria. Adicionalmente, sigue creciendo la deuda que tienen muchas entidades del Estado que no han pagado a los prestadores de servicio de energía y gas.
Se ha indicado insistentemente que es necesario tomar medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos, el acceso a los mismos por parte de la población, en especial la que tiene derecho a los subsidios. Por lo tanto, es importante no solo garantizar la generación y abastecimiento de energía y gas, sino la prestación de los servicios y la prevención de un apagón, que generaría mayores perjuicios en todos los sectores y afectaría el desarrollo económico, sobre todo en la población más vulnerable que tendría un aumento en las tarifas.
Por eso la Contraloría considera que le corresponde al gobierno nacional, tomar acciones inmediatas frente al pago de subsidios, opción tarifaria y deuda con servicios públicos; y a mediano plazo, sobre problemas de abastecimiento energético, que también requieren medidas perentorias y concretas, pues la inseguridad energética impacta además a los inversionistas públicos y privados en diferentes sectores, que requieren seguridad y confianza para invertir.
